El derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable

Ítalo Cardona escribe una reseña sobre el derecho al trabajo

Por: Italo Cardona, Director de la OIT para los Países Andinos.

Un total de 2.9 millones de personas mueren anualmente debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, según las últimas estimaciones de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (2022).

Ante esta situación, en junio de 2022, gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros de la OIT, reunidos en la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, tomaron una decisión histórica: que “un entorno de trabajo seguro y saludable” sea considerado un derecho fundamental en el trabajo. En otras palabras, los actores del mundo del trabajo se comprometieron, como responsabilidad compartida y fundamental, a garantizar que las personas vayan a su trabajo, estén libres de violencia y acoso, y regresen a su hogar vivas, sanas y sin lesiones físicas o psicológicas.

En Bolivia, hacer realidad este derecho para todas las personas trabajadoras resulta todavía un desafío importante. La incidencia de muertes relacionadas con el trabajo es más alta que la registrada en las Américas (24.9 muertes por cada 100 mil habitantes mayores de 15 años versus 22.3 en la región), y preocupa que todavía miles de personas mueren cada año, si analizamos al menos 19 factores de riesgo ocupacional (OIT/OMS, 2021).

Esta cifra podría ser mucho más alta si consideramos, además, que Bolivia tiene una altísima proporción de trabajo informal, con serios déficits en la calidad del empleo y en la protección de las y los trabajadores. Según los datos del último informe de la OIT: Panorama Laboral 2022 en América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad en Bolivia llegó al 80% en el 2022, es decir casi 8 de cada 10 personas trabaja en esa condición.

Sin seguro de salud para atenderse ante una enfermedad o accidente, sin horarios de trabajo, sin la posibilidad de exigir implementos de seguridad a sus empleadores, con el estrés diario de trabajar por ingresos extremadamente bajos y con contratos inestables, las y los trabajadores informales son quienes más necesitan que el Estado implemente las acciones que OIT recomienda para garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables.

Al elevar la seguridad y salud en el trabajo a nivel de principio y derecho fundamental, Bolivia, como país miembro de OIT, debiera dar pasos urgentes para ratificar el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981) y el Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (2006). Estos dos convenios ofrecen una guía clara a los países para poner en marcha, a través del diálogo social tripartito, políticas, sistemas y programas de seguridad y salud en el trabajo, con medidas concretas de política pública y dentro de las propias empresas; con responsabilidades, deberes y derechos bien definidos; y con acciones destinadas a promover una cultura de prevención a nivel nacional.

Además, y de acuerdo con ambos Convenios, Bolivia y todos los países de la región deberán considerar, en sus planes y políticas de SST, no solo los riesgos ya conocidos, sino también aquellos que puedan generarse como consecuencia de los cambios en la manera en que trabajamos, de los procesos productivos y de los materiales que se utilizan en esos procesos. Esto supone mayores esfuerzos por parte de los países para anticipar los riesgos emergentes -incluyendo los psicosociales-, la adopción de un enfoque más multidisciplinario de la seguridad y salud en el trabajo, y el establecimiento de vínculos más fuertes con la salud pública, entre otras medidas.

La OIT ha hecho un compromiso por fortalecer su asistencia técnica a los actores del mundo del trabajo para avanzar en la ratificación y aplicación plena de estos instrumentos internacionales para hacer realidad el derecho de todas las personas a un entorno de trabajo seguro y saludable.

The right to a safe and healthy work environment

A total of 2.9 million people die annually due to work-related accidents or diseases, according to the latest estimates of the International Commission on Occupational Health (2022).
Faced with this situation, in June 2022, governments, employers and workers of ILO member states, meeting at the 110th International Labour Conference, took a historic decision: that «a safe and healthy working environment» should be considered a fundamental right at work. In other words, the actors in the world of work committed themselves, as a shared and fundamental responsibility, to ensure that people go to work, are free from violence and harassment, and return home alive, healthy and free from physical or psychological injury.
In Bolivia, making this right a reality for all workers is still a major challenge. The incidence of work-related deaths is higher than that recorded in the Americas (24.9 deaths per 100,000 inhabitants over the age of 15 versus 22.3 in the region), and there is concern that thousands of people still die each year, if we analyze at least 19 occupational risk factors (ILO/WHO, 2021).
This figure could be much higher if we also consider that Bolivia has a very high proportion of informal work, with serious deficits in the quality of employment and in the protection of workers. According to data from the latest ILO report: Labor Outlook 2022 in Latin America and the Caribbean, the rate of informality in Bolivia reached 80% in 2022, that is, almost 8 out of 10 people work in that condition.


With no health insurance to provide care in case of illness or accident, without working hours, without the possibility of demanding safety equipment from their employers, with the daily stress of working for extremely low incomes and with unstable contracts, informal workers are the ones who most need the State to implement the actions recommended by the ILO to ensure safe and healthy work environments.


In elevating occupational safety and health to the level of a fundamental principle and right, Bolivia, as an ILO member country, should take urgent steps to ratify Convention 155 on Occupational Safety and Health (1981) and Convention 187 on the Promotional Framework for Occupational Safety and Health (2006). These two conventions provide a clear guide for countries to implement, through tripartite social dialogue, occupational safety and health policies, systems and programs, with concrete measures in public policy and within the companies themselves; with well-defined responsibilities, duties and rights; and with actions aimed at promoting a culture of prevention at the national level.

In addition, and in accordance with both Conventions, Bolivia and all the countries of the region must consider, in their OSH plans and policies, not only the risks already known, but also those that may be generated as a result of changes in the way we work, the production processes and the materials used in those processes. This implies greater efforts by countries to anticipate emerging risks -including psychosocial risks-, the adoption of a more multidisciplinary approach to occupational safety and health, and the establishment of stronger links with public health, among other measures.

The ILO has made a commitment to strengthen its technical assistance to actors in the world of work to advance the ratification and full implementation of these international instruments to realize the right of all people to a safe and healthy working environment.